TAREAS INELUDIBLES

Por Danilo Araneda – 27 de diciembre 2021 – PARA UTE NOTICIAS

Los resultados de la segunda vuelta, hace solo una semana, establecieron la posibilidad cierta de iniciar un potente cambio de ciclo en la vida política nacional, poniendo de manifiesto la voluntad de la población por terminar con la corrupción, el abuso y la delincuencia que se han apoderado de la institucionalidad del Estado y de los partidos políticos tradicionales.

La ciudadanía, enfrentada a una disyuntiva similar al plebiscito entre el NO y el SI, y temerosa de que se restableciera el “Orden” de los partidarios del pinochetismo, incrementó notoriamente su presencia en las urnas, para apoyar a un candidato joven, que logró concitar las esperanzas de millones de chilenos que anhelan una vida mejor, cualitativamente distinta a la que hoy enfrentan.

Porque una cosa quedó muy clara en el cómputo final: el triunfo alcanzado por Boric fue facilitado por la votación de los sectores más populares, de aquellos que no concurrieron a las urnas en la primera vuelta, como expresión de repudio a ese mundo político tradicional que no supo ni quiso entender las demandas que la ciudadanía puso en las calles en octubre de 2019.

Este es un hecho que el nuevo Gobierno nunca debería perder de vista. Fue el mundo de los marginados social, económica y políticamente el que salió a terminar con el “empate técnico” en que se encontraban las fuerzas políticas tradicionales, y como única senda posible para mantener abiertas las posibilidades de luchas por sus derechos.

Los días siguientes al 19 de diciembre (¡¡¡sólo 7 días!!!) han estado marcados por varios elementos, los más destacables entre ellos:

Continúa la propagación del terror entre la población, en una verdadera preparación psicológica para un supuesto desembarco del comunismo a partir de marzo del 2022;

Una desmedida campaña que busca atemperar la profundidad de los cambios que demanda la sociedad. Tras una imagen de “responsabilidad” se busca limitar la demanda social solo a “la medida de lo posible”, y se asocia el terrorismo y la violencia a los sectores que desarrollaron la revuelta social de octubre 2019, callando el papel desempeñado por el terrorismo de Estado;

Los medios de comunicación están abocados a “convencer” a la población de la necesidad de un ministro de hacienda “responsable”, que logre dar una orientación adecuada “piano-piano” a las demandas de la ciudadanía.

Se registra también un arduo trabajo en las redes sociales, con “joyitas” que incluyen amenazas en contra del Presidente electo por eventuales medidas de política exterior.

La derecha pinochetista no descansará haciendo lo imposible por el fracaso de un Gobierno que solo recién en poco de más de dos meses podrá hacerse cargo del país. En rasgos generales, la estrategia es conocida: los chilenos ya la experimentaron, previa la asunción del presidente Allende, con el asesinato del General Mártir René Schneider.

El Gobierno del presidente Boric encontrará un complejo escenario en marzo, marcado por una pandemia que no ceja, y una economía fuertemente afectada por el ejercicio monopólico del capital financiero nacional, cuya práctica genera efectos inflacionarios que afectan a la gran mayoría de la población, al tiempo que continúan asegurando enormes ganancias al gran empresariado.

En su condición de gobierno que podría marcar un profundo cambio de ciclo, las nuevas autoridades deberán dar respuesta a las necesidades más urgentes levantadas durante la revuelta de octubre de 2019, entre ellas tres derechos fundamentales: un sistema de salud más solidario y equitativo; un sistema educacional acorde con la modernidad, que permita un acceso justo y de calidad para toda la población; un régimen previsional que ponga fin a la explotación que siguen sufriendo los chilenos, incluso después de jubilar. No son las únicas medidas, pero si las más urgentes que la ciudadanía medirá para evaluar al nuevo gobierno.

Momento relevante para la proyección y credibilidad del nuevo Gobierno, será la implementación de una reforma tributaria que, en el marco de los necesarios compromisos asumidos con otros actores del mundo económico, aborde aquellos aspectos que contribuyen de manera notoria al descrédito del conjunto del sistema político nacional. Como bien se preguntaba un conocido periodista[1] hace algunas semanas: “En Chile, si usted compra un kilo de pan o arroz, debe pagar religiosamente el 19% de IVA. Si compra un pasaje aéreo a Miami o al Caribe, en cambio, está exento: paga cero. Ahora piense: ¿a quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia? En Chile, un ciudadano común debe pagar completo el impuesto específico a los combustibles. Excepto que sea dueño de camiones, en cuyo caso, vía menor impuesto al diésel y devolución de lo gastado, puede terminar pagando la vigésima parte (sí 1/20) de lo que pagó usted. Ahora, si es dueño de una minera o una industria, la cosa es aún más simple: no paga un solo peso. ¿A quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia?” Y terminaba rematando: En Chile, si usted gana un sueldo de $ 700 mil por su trabajo, debe pagar impuesto a la renta. En cambio, si un inversionista se embolsa millones especulando en la Bolsa, no paga un peso, gracias a una exención concordada por el gobierno de Lagos y el gran empresariado. ¿A quién beneficia y a quién perjudica esa diferencia?”

Solo en la medida que se aborden los derechos fundamentales mencionados, además de modificar el mencionado piso tributario, se justificarán la esperanza que los votantes pusieron en este nuevo gobierno. Y ello debe ocurrir no “en la medida de lo posible”, ni tampoco mediante una “gradualidad” que deje sin respuesta las justas demandas de la sociedad. Por cierto, nada se puede hacer de inmediato, ni mediante medidas efectistas. Pero, es necesario que las medidas que se adopten logran ser reconocidas y validadas por la ciudadanía.

Las nuevas autoridades enfrentarán, además otra tarea histórica: permitir el buen término del proceso constituyente, llamado a definir un cambio de ciclo económico, político y social en Chile. Ello implica mejorar las condiciones de trabajo de la Convención Constitucional, mejorando de manera sustantiva las condiciones de acceso de la ciudadanía a sus deliberaciones, no solo desde el punto de vista de la difusión de sus contenidos, sino también en lo que se refiera a la participación del conjunto de la sociedad. Solo eso podrá garantizar una Nueva Acta Fundamental reconocida por el conjunto de la sociedad.

A partir de marzo, el Gobierno enfrentará un desafío nuevo y de alta sensibilidad: incrementar la participación de la ciudadanía en las decisiones relevantes para el país. Esta es una demanda presente desde los inicios de la revuelta social y que no puede ser ignorada, al tiempo que demanda un enorme esfuerzo de las organizaciones sociales, laborales, la recuperación de los sindicatos y la reconstrucción de la participación política de cada ciudadano. Es probable que el país sea testigo de nuevas formas de organización social y de control de la ciudadanía sobre sus representantes. Esta es una tarea ineludible.


[1]              Columna de Daniel Matamala: La democracia enferma. 10 oct 2020  https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/columna-de-daniel-matamala-la-democracia-enferma/BUHQYA5Y5NHMHMMNOGQERD6BVU/