por El Mostrador 15 junio, 2020
Ahora fue el expresidente de la UDI, Pablo Longueira, quien planteó –tras meses de silencio político y en espera del juicio oral donde se decidirá si se le condena por los delitos de cohecho y fraudes tributarios que se le imputan– saltarse el plebiscito y pasar de lleno al debate del contenido de una nueva Constitución. Sus palabras encontraron eco inmediatamente en el senador RN Andrés Allamand, reconocido vocero de la opción Rechazo, quien agregó que sea en el próximo Congreso Nacional –y no en una instancia constituyente elegida por el pueblo especialmente para dicha tarea– donde se elabore la nueva Carta Fundamental, argumentando razones de ahorro económico. Pero una alternativa que no contemple la consulta “de entrada” a la ciudadanía en el proceso constituyente, no solo dinamitaría lo que le resta de credibilidad a la clase política, sino que también pondría cuesta arriba la posibilidad de empezar a sanear nuestra agotada democracia.
Una vez más, desde los sectores más conservadores y dogmáticos de la derecha, han aparecido voces que intentan torcer el acuerdo político firmado la noche del 15 de noviembre de 2019, que estableció una ruta clara para el proceso constituyente y con un punto de inicio fundamental: el plebiscito del 25 de octubre, en el cual la ciudadanía tendrá la posibilidad de decidir si quiere o no una nueva Constitución Política y si esta se elabora a través de una Convención Constitucional o una Convención Mixta.
No es el momento para este debate. Queda tiempo. Es cierto que se tiene que hacer esta evaluación, sí, pero no antes de finales de julio, con cifras sanitarias en la mano y no con cantos de sirena, que solo quieren –a toda costa– tratar de no perder el control del debate y evitar que se inicie una discusión, verdaderamente democrática, de lo que debe ser la Constitución para el Chile de las próximas décadas.
No han sido los únicos. Ya en abril el propio Presidente, Sebastián Piñera, intentó poner en tela de juicio la realización del plebiscito por los costos que implicaría este ejercicio democrático, en el marco de la crisis económica desatada por la pandemia del COVID-19.
Dichos intentos encontraron un rechazo inmediato, no solo desde la oposición, sino además desde vastos sectores de la propia derecha, que no se han arrepentido de la palabra empeñada, porque tienen plena conciencia de que el acuerdo del 15 de noviembre es un compromiso político de envergadura histórica, asumido de cara a la ciudadanía y que en el Chile pos estallido social de octubre, no existe espacio ni posibilidad para siquiera pensar en una salida fraguada entre cuatro paredes.
Una alternativa que no contemple la consulta “de entrada” a la ciudadanía en el proceso constituyente, no solo dinamitaría lo que le resta de credibilidad a la clase política, sino que también pondría cuesta arriba la posibilidad de empezar a sanear nuestra agotada democracia.
Los incansables promotores de hacer tambalear el plebiscito del 25 de octubre, olvidan un detalle no menor: la fecha está protegida por la propia Constitución. Fijar ese día para la consulta significó una reforma constitucional aprobada por el Congreso por muy amplia mayoría, por lo que no cumplir con ella implicaría una violación flagrante a las normas de la Carta Fundamental. Para hacerlo, se requeriría –sí o sí– del voto favorable de los 2/3 en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Un quorum que en la práctica no existe, porque, según lo que han declarado y comprometido públicamente diversos parlamentarios de Chile Vamos, solo estarían disponibles para una nueva postergación de la fecha –ya se trasladó del 26 de abril al 25 de octubre– por motivos sanitarios, en el caso que el avance de la pandemia del coronavirus esté tan fuera de control, que el plebiscito implique poner en peligro la salud de la ciudadanía.
No es el momento para este debate. Queda tiempo. Es cierto que se tiene que hacer esta evaluación, sí, pero no antes de finales de julio, con cifras sanitarias en la mano y no con cantos de sirena, que solo quieren –a toda costa– tratar de no perder el control del debate y evitar que se inicie una discusión, verdaderamente democrática, de lo que debe ser la Constitución para el Chile de las próximas décadas.
GENTILEZA DE EL MOSTRADOR