COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS

Por: El Desconcierto / Publicado: 26.06.2020
Ricardo Baeza-Yates, investigador del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, entregó una actualizada y alarmante proyección del impacto de la pandemia en nuestro país, si no se adoptan medidas radicales para frenar los altos niveles de contagios del virus.
Los cuestionamientos alusivos al impacto de la pandemia en nuestro país ha sido permanentes desde que el coronavirus se instaló en nuestro país, lo que ha puesto a la comunidad científica local a trabajar proyectando los posibles escenarios que podría enfrentar Chile.
Más aún durante las últimas semanas, cuando los contagios se han incrementado al tiempo que los decesos ya escalan sobre los 8.000, de acuerdo a cifras extraoficiales y reportes del Ministerio de Salud, que admiten que existe un universo superior a 3.000 personas cuyo fallecimiento se debe presumiblemente al virus, lo que debiera confirmarse oficialmente en los próximos días.
En esta línea, el Instituto de Evaluación y Métrica de la Salud de la Universidad de Washington, proyectó este jueves que en nuestro territorio habrá 25.344 víctimas fatales a causa de COVID-19 al 1 de octubre del año en curso.
En este contexto es que en Radio Usach conversaron con el investigador del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, Ricardo Baeza-Yates, quien se refirió a la diferencia entre los conceptos de “letalidad” y “mortalidad”.
“Hay dos tasas de letalidad. La primera, que usa el Ministerio de Salud es la tasa de letalidad de casos, que significa dividir el número de personas fallecidas por el total de contagios. Esa fórmula tiene muchos problemas, porque nunca sabemos todos los contagios”, sostuvo el académico en conversación con esta emisora.
Adicionalmente, el experto en datos habló de la existencia de una tasa de letalidad de final de la infección, un número determinante. “Es decir, a cuánta gente finalmente el virus impacta. Eso se piensa que será entre 0,6% y 1%. En el peor de los casos una de cada cien personas que se enferma va a morir”, ilustró el investigador.
GENTILEZA DEL DESCONCIERTO
Es muy seguro que cuando los estudiantes de la entonces, Universidad Técnica del Estado, llegaron a estas aulas, Salvador Allende ya había sido presidente de su federación de estudiantes universitarios y hasta ministro de estado.
Puede ser muy cierto, que fueron nuestros padres quienes hicieron notar, en Salvador Allende esa la gran fuerza luchadora por la dignidad.
En su mayoría estos estudiantes supieron mirar apoyar y hacer suyo esta pasión por los derechos de cada chileno.
Fue precisamente él, quién pensó que no era un privilegio estudiar, tampoco tener una sala cuna de apoyo a la familia que lo necesitaba, la cultura debía estar al alcance de todos, entre otros derechos.
Es así que lo conocimos, recorrió esta universidad, tratamos de acercarnos y darle una mano, de sonreírle, escuchar sus palabras era suficiente.
Cada trabajo voluntario era la forma de luchar, estudiar y participar. Fue la ocupación intensa en esta consecuencia.
Fue un importante ejemplo en la labor diaria por la defensa de su gobierno, un gobierno popular de todos y para todos los chilenos.
Ya son 112 años desde su nacimiento y está más vigente que nunca cada discurso suyo,
Los estudiantes, jóvenes de ese entonces, los trabajadores en general de la querida UTE, ya somos abuelos, nos mueve su ejemplo, continuamos presente,
Hoy saludamos a ese gran presidente que tuvimos y continuamos en esta lucha de abrir por fin esas grandes alamedas.
SANTIAGO 26 DE JUNIO 2020
CORPORACION SOLIDARIA UTE USACH
Por: Agencia EFE / Publicado: 24.06.2020
La totalidad de los sentenciados cumplen actualmente largas condenas en la cárcel por su participación en violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura.
La justicia condenó a seis ex agentes de la dictadura de Augusto Pinochet a 15 años y un día, para cuatro de ellos, y 13 años y un día para los dos restantes, por el secuestro calificado (desaparición forzosa) de dos opositores a su régimen en julio de 1974.
La Corte de Apelaciones de Santiago estableció la responsabilidad de los acusados en las desapariciones de María Inés Alvarado Borgel y Martín Elgueta Pinto, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes fueron visto con vida por última vez en el centro de detención clandestino Londres 38, en el centro de la capital.
La sentencia se decretó en un fallo unánime del tribunal que determinó penas de 15 años y un día de prisión para el brigadier Miguel Krassnoff Martchenko, César Manríquez Bravo, José Yévenes Vergara y Osvaldo Pulgar Gallardo en calidad de autores de los delitos, calificados como crímenes de lesa humanidad.
Todos ellos cumplen actualmente largas condenas en la cárcel por su participación en violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura de Pinochet.
La justicia también dictaminó condenas de 13 años y un día para Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann como autores del delito de secuestro calificado de Elgueta Pinto.
“Efectivamente, el delito de que se trata constituye un crimen de lesa humanidad, toda vez que los secuestros calificados -denominadas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como ‘desapariciones forzadas’- forman parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de un grupo determinado de la población civil”, señala el fallo.
Alvarado Borgel fue detenida por ex agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) en la vía pública a primera hora de la tarde del 15 de julio de 1974, y horas después Elgueta Pinto fue sacado de su casa por uniformados y llevados ambos al centro de detención y tortura en el centro de Santiago de Chile, donde fueron vistos por última vez.
En el aspecto civil, la Justicia chilena estipuló el pago de una indemnización del Estado a las familias de las víctimas de 250 millones de pesos (unos 305.000 dólares).
GENTILEZA DEL DESCONCIERTO
“Eso es negligencia, si es que no hay otra cosa detrás”
En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, la médica y ex ministra de Salud criticó la falta de transparencia del Minsal y la cifra de más de 31 mil personas que pese a tener sus exámenes PCR notificados no habían sido incluidos en el recuento total de casos.
Tomás González F. Miércoles 17 de junio 2020
Surgió desde Espacio Público y rápidamente tomó fuerza con el apoyo de distintos actores de la comunidad científica-médica. La propuesta de que el Gran Santiago entre en un estado de “hibernación” para detener el creciente aumento de contagios que quedó plasmada en el último informe del centro de estudios, parecía una opción real hasta que el titular de la cartera de Salud, Enrique Paris, la descartó de plano tras acotar que las posibilidades se evalúan, pero que las decisiones se toman basándose en la evidencia.
“Con respecto a la hibernación, no es posible llevar a cabo esa media ya que nos quedaríamos sin servicios básicos, sin alimentación, sin atención a los adultos mayores, sin reparto de medicamentos y con una ciudad paralizada que puede incluso agravar la situación sanitaria de la comunidad”, argumentó el recientemente asumido secretario de Estado. Así, le cerraba la puerta a la paralización de los servicios no calificados como esenciales y un endurecimiento de las medidas restrictivas. Pero no todo lo recomendado fue ignorado, así lo manifestó al menos el ministro cuando agregó que, a pesar de descartar la ‘hibernación’, se van a tomar “medidas más estrictas” para poder cumplir con las recomendaciones sanitarias e impedir la circulación viral.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la médica y ex ministra de Salud, Helia Molina, se refirió a la propuesta de Espacio Público y a los argumentos del Gobierno para descartarla. En ese sentido, la ex secretaria de Estado durante el último gobierno de Michelle Bachelet aprobó la decisión del actual titular del Minsal y calificó de “utópica” la idea de una hibernación en nuestro país.
¿Qué le parece esta propuesta que hizo Espacio Público planteando que Santiago entre en un estado de ‘hibernación’ ?
“Una cuarentena bien hecha es una hibernación. Lo que pasa es que cuando se habla de hibernación se dejan sólo funcionando las cosas imprescindibles. Pero qué está pasando hoy día, hay cuarentena pero resulta que están las oficinas funcionando, las empresas públicas y privadas siguen funcionando, entonces hay un tráfico de personas todo el día y todavía tampoco está a mano de las personas la ayuda social o la política de protección social que permita a la gente mantenerse en sus casas.
Es utópico, porque tienen que pasar muchas cosas para que haya hibernación. Tiene que haber políticas de protección social, tiene que haber una buena comunicación de riesgos, tiene que haber una paralización de los trabajos que no son fundamentales”.
¿No están las condiciones para hablar de ‘hibernación’ ?
Suena atractivo, la palabra hibernación suena bien, pero solamente se puede hacer cuando hay una ordenanza clara de que los trabajos que no son fundamentales no pueden seguir funcionando. La gente tiene que quedarse en su casa, porque sino no tiene ningún sentido. Pero la gente tiene que ir a trabajar: vuelve, va y viene. Pasan por varias comunas en metro o micro. La movilidad es muy alta, para poder reducir esa movilidad y llegar a lo que se llama una hibernación, requiere que el Estado garantice los derechos de comida y abrigo de la gente”.
El pasado sábado 13 de junio se llevó a cabo un nuevo cambio de gabinete en el gobierno de Sebastián Piñera. Salió de su cargo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y en su reemplazo asumió el ex presidente del Colegio Médico, Enrique Paris.
¿Está de acuerdo con el argumento del ministro Enrique Paris, cuando dice que la ‘hibernación’ podría incluso agravar la situación sanitaria?
“No creo, porque teóricamente por supuesto que los sistemas de salud seguirían funcionando, locomoción de urgencia. Pero no como está ahora, yo salgo a la esquina de mi casa y hay un montón de autos. Lo que menos parece es cuarentena. El doctor Paris es buen comunicador, yo espero que él vaya convenciendo a la gente. Pero en general el discurso ha sido ambiguo y ha sido bien confuso, la gente banaliza la cuarentena y el aislamiento, porque la transmisión del riesgo no ha sido buena”.
De todas maneras se dijo que se evalúan más medidas restrictivas, han surgido voces que abogan por un toque de queda más extenso, por ejemplo, ¿qué opina de esa medida?
“El ideal sería que uno no tuviera que pensar en esas medidas. El ideal en una población civilizada, que no tiene peligros de morirse de hambre y que tiene solucionadas sus necesidades básicas, a mí me parece que no se debería llegar a un Estado de Sitio con toque de queda a las cuatro de la tarde. No me parece. Pero si fuera necesario extremar las medidas de seguridad me imagino que habrá que hacerlo, pero no es propio de un país civilizado como somos nosotros, con un nivel educacional decente. Yo creo que lo que falta es transmitir bien el riesgo y solucionarle los problemas a los que no tienen qué comer, con una cajita no basta. ¿Cuánto les va a durar esa cajita que reparten?”
¿Pero usted es partidaria de que aumenten las medidas restrictivas?
“Si es necesario hacerlo, habrá que hacerlo. No soy partidaria de que a la gente se le coarte la libertad con armas o con cárcel pero yo creo que, con la falta de respeto que ha habido y el no cuidar al resto, se puede evaluar. Pero no sirve ninguna medida precautoria o más militares en la calle si la gente no tiene qué comer”.
¿El Estado debiese ser el protagonista en este momento?
El Estado tiene la obligación. Cuando hay un Estado de Catástrofe, con una crisis sanitaria como la que hay, el Estado debe ser garante de las necesidades básicas. Eso es aquí y en la quebrada del ají. En Alemania, cuando comenzó la pandemia y tenían muy pocos casos -no estoy comparando a Chile con Alemania, es un ejemplo-, cuando todavía no se había disparado la epidemia en Alemania se hizo toda la política de protección social para que la gente pudiera no salir a trabajar. Por supuesto que tiene que ser el Estado, si no es el Estado, ¿quién puede ser?
¿Cómo ve al ministro Paris ?
“Yo le tengo fe. Lo conozco mucho, es una buena persona y un excelente médico clínico, trabajamos juntos 30 años en la Católica. Lo conozco mucho, pero aquí no todo depende del ministro. Ojalá que él tenga hartas agallas y pueda hacer valer los criterios de salud”.
A pesar de que la fiscalización por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros ha aumentado, los niveles de movilidad en la Región Metropolitana no han logrado
¿Qué debería hacer él como ministro de Salud?
“Uno como ministro de Salud tiene un criterio técnico de salud, lo que hay que hacer. Después hay que ver eso con el gobierno. Yo no sería ministra de este gobierno, pero en el gobierno que fui ministra había un diálogo muy franco, de mucho respeto, entre la Presidenta Bachelet y sus ministros técnicos. Yo era una ministra técnica, no era una ministra política porque la salud es una cosa muy técnica.
Yo creo que si el ministro no se pone bien firme en que las decisiones políticas vayan aparejadas con las decisiones técnicas y que las decisiones técnicas vayan aparejadas de las soluciones económicas, no se puede. Si no, no se puede. No depende sólo de Salud, usted puede decir cuarentena total o hibernación, lo que quiera; pero si no está todo el otro componente socioeconómico, no se puede. Como ministro lo que uno tiene que hacer es abogar para que lo técnico sea lo que decide el gobierno. Yo que soy porfiada, no dejaría que no se hiciera lo que se tiene que hacer”.
¿Y qué haría usted?
“Yo hace dos meses que vengo diciendo que había que hacer cuarentena, desde abril, que estábamos atrasados, que no estábamos haciendo testeo, que no estábamos haciendo el aislamiento de los contactos. Ese era el momento para parar y frenar la curva, para aplanar la curva. Hoy día hay que hacer todo lo que sea posible pero ya la curva no se aplana, porque ya estamos en un número muy alto de casos.
No estoy metida en ninguna comisión ni metida en la gestión del Gobierno, pero lo que veo de afuera, nada más. Si yo fuera ministra sería transparente con las cifras, habría sido súper estricta con todo el sistema del Ministerio de limpiar las bases de datos y semanalmente tener un ajuste de los casos. No puede ser que estemos agregando 31 mil contagiados que son desde marzo hasta ahora y que no se consideraron. Perdón, o sea, eso es negligencia, si es que no hay otra cosa detrás”.
GENTILEZA DE DIARIO Y RADIO UNIVERSIDAD DE CHILE
LA BOLSA O LA VIDA
Autor: MANUEL CABIESES DONOSO
La Bolsa de Comercio dista una cuadra del palacio de La Moneda, sede del gobierno. Pero la Bolsa es -desde 1893- el verdadero cerebro y corazón del poder. Allí no solo se transan acciones del mercado de capitales. Además de la especulación financiera se traman y financian revoluciones, guerras civiles y golpes de estado. La Bolsa crea y sostiene partidos políticos, medios de comunicación y candidaturas presidenciales. Es la cuna de oro de la oligarquía, un tribunal implacable que castiga con la ruina financiera, moral y política a los que violan sus normas.
El último que osó desafiar a la Bolsa fue el presidente Salvador Allende, y sabemos lo que sucedió. Ni un democrático socialismo con “sabor a vino tinto y empanada” –o el “socialismo comunitario” que proclamaba la Democracia Cristiana- eran aceptables para la Bolsa que de inmediato movió sus tentáculos cuarteleros.
Cuando la crisis del sistema capitalista alcanza el clímax que se registra hoy, cuando hambre, cesantía, discriminación social y racial, se convierten en maldiciones intolerables, ha sonado la hora de la rebelión. Una rebelión orientada por la cabeza fría y el corazón ardiente.
Ha llegado el momento estelar: la Bolsa o la Vida.
La Bolsa no ha sido jamás derrotada. Ni por crisis financieras como la de 1982 ni por pandemias como la “gripe española” de 1917-21 que mató más de 40 mil chilenos en esta larga y angosta faja de tierra. Ya sea bajo una dictadura militar o de gobiernos liberales, venga como venga la mano en el póker del poder, la Bolsa ha salido triunfante. Los intereses financieros siempre se han impuesto sobre los valores de la Vida. En 1982 el PIB se redujo 14,3% y el desempleo alcanzó el 24%. El hambre castigó cruelmente al pobrerío pero la Bolsa no perdió un centímetro de poder. La represión se encargó de poner a raya las protestas.
El mercado de capitales define el rumbo de la crisis actual. El oxígeno del Estado –los impuestos de todos los chilenos- prioriza el salvataje de los polluelos de la Bolsa. Las acciones de las empresas son las primeras de la fila. A lo lejos en las preocupaciones del Estado, camina la muchedumbre de las pymes y de los trabajadores sin trabajo, los miserables que viven hacinados y con el virus, convidado de piedra de la indigencia.
Los valores de la Vida se han visto otra vez postergados en el Plan de Emergencia negociado por el gobierno y la “oposición” de “centro-izquierda”. Una vez más la oligarquía pone la pata encima a los ciudadanos. Se repite el cuento del “Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución” del 15 de noviembre pasado. El impuesto a la riqueza, que debería ser la medida urgente a tomar, se ve suplantada por recursos del Estado para aumentar en 35 mil pesos el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), o sea una pestaña sobre la línea de la pobreza.
Entretanto, bajo el paraguas de la Bolsa –y del gobierno que materializa sus orientaciones-, grandes empresas aumentan sus ganancias gracias la pandemia y la crisis económico-social.
El principal es el sector financiero. Los 21 bancos que operan en Chile ganaron 2.403 millones de dólares el año pasado mientras el país se tambaleaba por el “estallido social”. Las Administradoras Generales de Fondos (AGF), confiesan 38.369 millones de dólares en el primer trimestre del 2020. Las compañías de seguros generales ganaron 15.603 millones en el primer trimestre de este año. Las AFP –que ganaron 649 millones de dólares el año pasado- manejaban 195.130 millones de dólares a febrero del 2020, ahorros de los trabajadores que van directo a la vena de los grupos económicos. Aunque las cifras marean y es mejor no abusar de ellas, es imposible no mencionar la forma grosera que se enriquece una minoría en Chile. Los diez multimillonarios más importantes acumulan una fortuna de 36.200 millones de dólares. A la cabeza está el grupo Luksic con 15.400 millones. Sebastián Piñera atesora 2.800 millones de dólares. Si Luksic, Ponce, Paulmann, Saieh, Piñera, Angelini, Salata, Yarur y Matte, por nombrar a los más grandes, aman tanto a Chile como dicen ¿por qué no donan el 20% de sus fortunas a los fondos de emergencia que requiere el país? ¿O por qué al menos no aceptan un impuesto a la riqueza que empareje la cancha de los tributos? (1)
Chile necesita tomar una definición: continuar sujeto a los dictados de la Bolsa o defender la Vida y sus valores de igualdad y solidaridad. Las fuerzas del cambio, lamentablemente disgregadas en lo social y confundidas en lo político en banales riñas parlamentarias, deben unirse para levantar una alternativa de salvación: la ruptura constitucional con el modelo. Una ruta pacífica –al menos en la medida de lo posible- que conduce a la Asamblea Constituyente.
El tema de hoy es forjar desde la base social y no en cúpulas burocráticas, un modelo solidario de sociedad en que la justicia y la igualdad sean ley suprema para las instituciones.
MANUEL CABIESES DONOSO
15 de junio 2020
GENTILEZA DE PUNTO FINAL
Ahora fue el expresidente de la UDI, Pablo Longueira, quien planteó –tras meses de silencio político y en espera del juicio oral donde se decidirá si se le condena por los delitos de cohecho y fraudes tributarios que se le imputan– saltarse el plebiscito y pasar de lleno al debate del contenido de una nueva Constitución. Sus palabras encontraron eco inmediatamente en el senador RN Andrés Allamand, reconocido vocero de la opción Rechazo, quien agregó que sea en el próximo Congreso Nacional –y no en una instancia constituyente elegida por el pueblo especialmente para dicha tarea– donde se elabore la nueva Carta Fundamental, argumentando razones de ahorro económico. Pero una alternativa que no contemple la consulta “de entrada” a la ciudadanía en el proceso constituyente, no solo dinamitaría lo que le resta de credibilidad a la clase política, sino que también pondría cuesta arriba la posibilidad de empezar a sanear nuestra agotada democracia.
Una vez más, desde los sectores más conservadores y dogmáticos de la derecha, han aparecido voces que intentan torcer el acuerdo político firmado la noche del 15 de noviembre de 2019, que estableció una ruta clara para el proceso constituyente y con un punto de inicio fundamental: el plebiscito del 25 de octubre, en el cual la ciudadanía tendrá la posibilidad de decidir si quiere o no una nueva Constitución Política y si esta se elabora a través de una Convención Constitucional o una Convención Mixta.
No es el momento para este debate. Queda tiempo. Es cierto que se tiene que hacer esta evaluación, sí, pero no antes de finales de julio, con cifras sanitarias en la mano y no con cantos de sirena, que solo quieren –a toda costa– tratar de no perder el control del debate y evitar que se inicie una discusión, verdaderamente democrática, de lo que debe ser la Constitución para el Chile de las próximas décadas.
No han sido los únicos. Ya en abril el propio Presidente, Sebastián Piñera, intentó poner en tela de juicio la realización del plebiscito por los costos que implicaría este ejercicio democrático, en el marco de la crisis económica desatada por la pandemia del COVID-19.
Dichos intentos encontraron un rechazo inmediato, no solo desde la oposición, sino además desde vastos sectores de la propia derecha, que no se han arrepentido de la palabra empeñada, porque tienen plena conciencia de que el acuerdo del 15 de noviembre es un compromiso político de envergadura histórica, asumido de cara a la ciudadanía y que en el Chile pos estallido social de octubre, no existe espacio ni posibilidad para siquiera pensar en una salida fraguada entre cuatro paredes.
Una alternativa que no contemple la consulta “de entrada” a la ciudadanía en el proceso constituyente, no solo dinamitaría lo que le resta de credibilidad a la clase política, sino que también pondría cuesta arriba la posibilidad de empezar a sanear nuestra agotada democracia.
Los incansables promotores de hacer tambalear el plebiscito del 25 de octubre, olvidan un detalle no menor: la fecha está protegida por la propia Constitución. Fijar ese día para la consulta significó una reforma constitucional aprobada por el Congreso por muy amplia mayoría, por lo que no cumplir con ella implicaría una violación flagrante a las normas de la Carta Fundamental. Para hacerlo, se requeriría –sí o sí– del voto favorable de los 2/3 en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Un quorum que en la práctica no existe, porque, según lo que han declarado y comprometido públicamente diversos parlamentarios de Chile Vamos, solo estarían disponibles para una nueva postergación de la fecha –ya se trasladó del 26 de abril al 25 de octubre– por motivos sanitarios, en el caso que el avance de la pandemia del coronavirus esté tan fuera de control, que el plebiscito implique poner en peligro la salud de la ciudadanía.
No es el momento para este debate. Queda tiempo. Es cierto que se tiene que hacer esta evaluación, sí, pero no antes de finales de julio, con cifras sanitarias en la mano y no con cantos de sirena, que solo quieren –a toda costa– tratar de no perder el control del debate y evitar que se inicie una discusión, verdaderamente democrática, de lo que debe ser la Constitución para el Chile de las próximas décadas.
GENTILEZA DE EL MOSTRADOR
Por: Joaquín Abarzúa / Publicado: 14.06.2020
La historia nos demuestra que la mejor forma de solventar una crisis no sólo se podría materializar a través del aumento del gasto público, sino que también impulsando cambios en el sistema económico en sí mismo. La movilización por la dignidad iniciada el 18 de octubre del año pasado reiteró la histórica impugnación a la desigualdad como una de las fuentes de la injusticia, lo que vuelve necesario la incorporación de un impuesto a la riqueza.
Frente a las manifestaciones por hambre, el gobierno reaccionó de la misma forma que lo hizo ante el virus Covid-19; comenzaron negando los hechos y buscando continuar con la normalidad, hasta que las consecuencias de sus actos y omisiones vislumbraron la propia gravedad del asunto.
El “no lo vimos venir” es en realidad un “no lo quisimos ver venir”, pues desde los diversos sectores de la sociedad ya habíamos mencionado desde el inicio de la Pandemia la necesidad de una cuarentena total, fijación de precios a los bienes esenciales y la necesidad de una Renta Básica de Emergencia que le permitiera a las familias sustentar sus necesidades básicas en confinamiento. Si bien algunas de estas medidas fueron otorgadas; llegaron justo en el momento en que la situación del país se agravó, alcanzando cifras mundiales de contagiados dignas del podio internacional, además de los miles de muertos que hasta el día de hoy nos tratan de esconder.
Las objeciones del gobierno frente a las propuestas que ha hecho la oposición han seguido varias líneas, como un supuesto efecto de dependencia de las personas para con el Estado, el problema del endeudamiento público y la necesidad de salvaguardar la economía. Excusas fundamentadas en un dogmatismo neoliberal que les ha impedido tomar medidas a la altura de las circunstancias. Temen quebrantar los mandamientos Chicago-gremialistas siguiendo, dicen, las normas naturales de la economía y el derecho, atentando contra la vida de las personas. Sin embargo, se les olvida, como diría Carl Schmitt, que es la excepción la que determina el contenido de las reglas.
La historia misma nos demuestra que la mejor forma de solventar una crisis no sólo se podría materializar a través del aumento del gasto público, sino que también impulsando cambios en el sistema económico en sí mismo. Recordemos que la movilización por la dignidad iniciada el 18 de octubre del año pasado reiteró la histórica impugnación a la desigualdad como una de las fuentes de la injusticia, lo que vuelve necesario la incorporación de un impuesto a la riqueza, el que permitiría aumentar la recaudación de las arcas fiscales e incrementar el gasto público en áreas clave como la salud, educación y protección social.
Tenemos la oportunidad histórica de cumplir con una de las más grandes demandas de justicia que ha tenido Chile en las últimas décadas y, a su vez, impedir que la crisis sea pagada por las y los trabajadoras, trabajadores, estudiantes y pensionados de Chile.
Por otro lado, la dificultad patente que ha presentado el sistema chileno para garantizar derechos fundamentales se vuelve aún más problemática en la situación actual. Si la mercantilización del derecho a la educación y su consecuente expresión en endeudamiento y segregación ha sido siempre una problemática soslayada, en tiempos de crisis esto se vería agudizado. Por ello hoy más que nunca es necesario que se garanticen las condiciones para hacer efectivo el derecho a la educación, fundamentalmente a las familias que se encuentran en una condición más vulnerable frente a la pandemia y sus efectos.
Es imprescindible discutir la reducción de la matrícula y anualidad tanto de los establecimientos educacionales particulares y particulares subvencionados como los de la educación superior. Estas medidas le permitirían a un gran número de familias disminuir una importante fuente de gastos y, a su vez, auxiliarlas en la supervivencia de la cuarentena y frente al invierno que se avecina. Más de fondo, dar por fin una discusión que defina por ley el alcance de la gratuidad y el financiamiento de la educación superior.
En cuanto al financiamiento de derechos, es erróneo plantear que el Estado no tiene los recursos para hacerlo; la mala distribución del presupuesto nacional ha sido un factor determinante. Ahora bien, eso no implica que el endeudamiento no sea una opción, pues Chile posee una de las deudas públicas más bajas de la OCDE y América Latina. Sin perjuicio de ello, no debemos pasar por alto lo beneficioso que podría ser aumentar los ingresos fiscales, pero no bajo las lógicas tributarias tradicionales, donde casi la mitad de la recaudación se obtiene del IVA. Debemos avanzar hacia lógicas completamente distintas que contemplen, además, la problemática de que el 1% de la población concentre el 33% de la riqueza.
La viabilidad del impuesto a la riqueza se vuelve ostensible como una forma de justicia tributaria que, a su vez, nos permitiría –mediante un mayor gasto público– garantizar derechos económicos y sociales, entregando tranquilidad a las familias y estabilidad al país.
En medio de intentos por llamar a un acuerdo nacional, es necesario que exista la voluntad política para evitar que, una vez más, la demora en la acción traiga consigo graves consecuencias a su paso.
No podemos permitir que la crisis la paguen los que históricamente han sido desfavorecidos.
Joaquín Abarzúa Secretario del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile.
GENTILEZA DEL DESCONCIERTO
Por: Jeannette Jara, ex subsecretaría de Previsión Social
Publicado: 12.06.2020
Esta discusión, por decisión del gobierno, se está dando en un proyecto de ley sobre mercado de valores y sociedades anónimas. No hablamos de pensiones, por lo que acá subyace claramente un interés prioritario sobre el mercado, el valor de los activos y las fluctuaciones que se producen. No hay objetivos de orden previsional. Todo lo anterior sucede mientras se discute, de forma paralela, un proyecto de reforma de pensiones.
Mientras estamos en la mitad de la pandemia, en el Congreso se discute una indicación que presenta el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que busca restringir los cambios entre multifondos para que ahora los cambios que se demoran 4 días, se demoren hasta 30 días y que establece que estos cambios sean restringidos al fondo adyacente. Es decir, si alguien quisiera por ejemplo ir del fondo A al fondo E, podría demorarse hasta 120 días, ya que solo puede irse al fondo del lado en cada paso.
Esta discusión, por decisión del gobierno, se está dando en un proyecto de ley sobre mercado de valores y sociedades anónimas. No hablamos de pensiones, por lo que acá subyace claramente un interés prioritario sobre el mercado, el valor de los activos y las fluctuaciones que se producen. No hay objetivos de orden previsional. Todo lo anterior sucede mientras se discute, de forma paralela, un proyecto de reforma de pensiones.
Se señala como argumento que los movimientos masivos podrían tener un impacto en los propios fondos que no sería el esperado. Sin embargo, la medida aislada que se propone no es respuesta ni solución a la problemática de los vaivenes que han experimentado los fondos de los cotizantes. Esta propuesta de restringir los cambios se da en un contexto privado de pensiones, como es el de AFP, donde se le restringe el espacio de decisión al cotizante, pero no el de exposición a los riesgos. Este es un sistema que no le da garantías, que los expone a los vaivenes del mercado, que reproduce las desigualdades del mundo laboral y la crisis en la que encuentra transitando.
Se suma a la discusión anterior si debe o no regularse la industria de asesoría financiera que recomienda cambios masivos de fondos, intentándose vincular ambos temas: el de la falta de regulación de los negocios que han nacido al alero de la capitalización individual, con el de las decisiones que pueden adoptar los cotizantes para cambiarse o no de un fondo.
Es evidente que la regulación a los asesores financieros que dan recomendaciones masivas sobre cambios de fondos debe producirse y ser de alto estándar, pero pretender además que junto con lo anterior, el cotizante de un sistema privado de pensiones como el chileno, siga soportando más y más obligaciones sin ningún contrapeso, es abusivo.
Si se piensa solo un poco más en un sistema de seguridad social, evidentemente que las regulaciones a los cotizantes y la cotización son muy necesarias, pero estas además van acompañadas de derechos que se expresan beneficios definidos, es decir, en garantías de que ante una cantidad determinada de años cotizados, se obtendrán determinadas tasas de reemplazo de pensión. Las dos caras de una moneda.
Acá se propone aprobar restricciones de cambios de fondo de los cotizantes como una medida aislada, lo que no resuelve en nada la problemática de las pensiones y solo aumenta la desafección hacia el sistema actual. La agenda del gobierno para enfrentar la crisis de los fondos de pensiones no puede reducirse a esto.
Si hablamos de medidas en el marco de la emergencia sanitaria, una efectiva del real cumplimiento del principio de solidaridad sería que las utilidades de las AFP se destinen a compensar las pérdidas que han experimentado los fondos de pensiones en estos meses, sobre todo de quienes están próximos a jubilar; asimismo, anticipemos el reajuste del pilar solidario, ya que buena parte de las y los adultos mayores están esperando aún un año y medio más para alcanzar la mínima línea de la pobreza en su pensión; y podríamos apoyar también a los que tienen Ahorro Previsional Voluntario, para que puedan disponer de estos recursos, sin que les cobre sobre tasa de impuesto ni pierdan el incentivo del Estado.
Todo esto, por cierto, en tanto llegue la que creo que será la primavera más esperada, en que aprobemos una nueva Constitución y construyamos un verdadero sistema de seguridad social.
GENTILEZA DEL DESCONCIERTO